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El fin del reggaeton
No existen elementos que permitan hacer pensar que se ha roto con esta tradición histórica dentro de la institución. Algunos de los individuos más oscuros de la PGR permanecen en sus puestos. Y esto no sólo incluye a comandantes y agentes sino al conjunto de brokers que pululan alrededor de la institución. Además, la práctica actual, siguiendo otra tradición histórica, de asignar responsabilidades -- exclusivamente periodísticas, nunca penales -- a traficantes que están en decadencia o que ya están fuera del negocio resulta también sospechoso: indica que o no se investiga apropiadamente o que se está tratando de tapar a otros traficantes que sí cuentan con protección. Siendo benévolos podría pretenderse que estos dislates se basan en la primera premisa -- su escasa competencia en investigación, ya sea por falta de recursos o por limitada preparación -- y por eso recurren a la solución fácil de culpar a traficantes ya muy reseñados que no causan perplejidad en el público. Pero el corolario de esta idea no es mucho mejor en la lucha contra la corrupción: si no son capaces de identificar bien a los traficantes de fuera, difícilmente van a hacerlo con los de dentro, que cuentan con más protección. El repaso de la historia de la PGR es muy representativo en este sentido. Dado que la política contra la corrupción interior que se está realizando en la actualidad no varía en sustancia de las que aplicaron -- al menos retóricamente -- los antecesores de Macedo y éstas no consiguieron acabar con estas dinámicas, no existe mucha base para el optimismo. En cualquier caso, no es que la venta de plazas sea "uno de los negocios más rentables de los agentes y altos jefes policiacos"; es simplemente un componente de un extraordinario mecanismo de corrupción. Quienes monopolístico u ologopolísticamente tienen el control de ese mercado altamente lucrativo que es la corrupción policial establecen un mecanismo que se asemeja a una subasta restringida y un precio para la entrada al mercado, que es la venta de plazas. Sin la existencia de este mercado primario de la corrupción policial no se explica la venta de plazas, que es solamente una derivada de aquel. Sería absurdo pensar que alguien pagase sin tener las expectativas de recuperar lo pagado.
-- ¿Hasta dónde esta práctica corrupta degradó la confianza en la Policía Judicial Federal?
Si hubiese existido un periodo anterior en la historia de México en que estas prácticas hubiesen sido ajenas a las agencias de procuración de justicia podría hablarse de una degradación en la confianza popular en la institución. Pero 'la venta de plazas' en las distintas policías, que es sólo una parte de un mercado de corrupción más amplio, ha sido un fenómeno que se remonta hasta el México colonial y que no es exclusivo de las agencias de procuración de justicia. No obstante, hay tres elementos propios de las últimas dos décadas que -- sin cambiar la estructura interna del funcionamiento corrupto de las instituciones de justicia -- han jugado en contra de la reputación de la PGR. Primero, lo que hizo el tráfico de drogas es insertar mucho más dinero en un sistema de corrupción que ya existía con anterioridad. Al haber más dinero, la corrupción se hizo más aparente para muchos y, en consecuencia, menos soportable. Esta intolerancia popular no estuvo exenta de una percepción bien arraigada: que el magnífico botín de la corrupción policial implica la ruptura de los cauces tradicionales de movilidad social ascendente. Para muchos en la clase alta y, por imitación, en la clase baja, resulta indignante que un policía pueda llegar a ser millonario. No es que sea ni más ni menos corrupto que muchos de los que le acusan sino que simplemente no estaba previsto por el pensamiento popular llegar a millonario por esa vía. Segundo, la apertura política y social ha sido crucial para hacer más evidente una corrupción policial que existía, en términos cualitativos, al menos en los mismos niveles con anterioridad. Los medios de comunicación han jugado un papel esencial a la hora de poner en evidencia esta corrupción y -- de manera no intencionada -- dañar la reputación de las diferentes agencias de seguridad pública. Tercero, la corrupción de las instituciones de procuración de justicia se ha hecho más contradictoria con las formas de vida de la clase media. Mientras la corrupción era sólo la mordida y el asesinato de unos cuantos proto-delincuentes en los barrios más desfavorecidos, la clase media no sólo obtenía un beneficio de engrasar las ruedas de la corrupción sino que apenas tenía costes. Cuando el monstruo se hace más grande -- una evolución que era previsible dada la impunidad social con la que ejerció su corrupción durante décadas -- y comienza a secuestrar, a robar, a asesinar a individuos de mejor condición social, esto resulta inaceptable, lo cual se refleja en los medios de comunicación, que en México, como en cualquier lugar del mundo, tienden a reflejar los intereses de la clase media. Es decir, al cambiar los patrones de victimización de la corrupción, ésta se hace más aparente.
-- ¿Puede resarcirse la Policía Judicial Federal en estos tiempos?
Es difícil. Reconstituir la confianza pública en la PGR costará décadas de buen trabajo, constante y callado. La reputación es como los rascacielos: cuesta mucho construirla, pero poco tirarla por tierra. Y en el caso de la PGR se han estado lanzado durante décadas jumbos contra la reputación de la institución cada pocos días. Lo más grave es que estos jumbos han estado teledirigidos -- por acción o por omisión -- desde el interior de la propia institución, por las desafueros que se cometían allí. El principal problema que enfrenta la lucha contra la corrupción en el interior de la PGR -- hoy, al igual que con Lozano, Madrazo o Carpizo -- es que existe una gran contradicción entre los objetivos de la institución a corto y a largo plazo. Es evidente que el objetivo a largo plazo es purificar la institución y esta idea domina sobre cualquier otro fin. Pero la población exige resultados contra la delincuencia y los exige ya, no en el largo plazo. Para la población, siguiendo a Keynes, el largo plazo no existe. Además, en el largo plazo todos calvos y, lo que es peor, algunos habrán sido asesinados por los delincuentes-policías. En esta disyuntiva, los altos dirigentes de la institución tratan de compatibilizar dos objetivos difícilmente reconciliables en el tiempo: la lucha contra la corrupción y la lucha contra la delincuencia. Es como cambiar las cañerías mientras se sigue irrigando agua. Si se quiere luchar contra la delincuencia hay que recurrir a agentes corruptos -- simplemente porque no hay mucho más disponible -- y así se perpetúa la corrupción. Incluso los altos funcionarios más inmaculados requieren de los comandantes corruptos para aparentar eficacia -- y ya se encargarán los comandantes corruptos de que esta semejanza sea de cualidades extraordinarias -- en lo que más preocupa a la población: la lucha contra la delincuencia. En algunos casos, estos comandantes son impuestos por personas próximas a quienes nombró al propio responsable, con lo cual no existe salvación, pero no son pocos los altos funcionarios que se han sentido cómodos con este statu quo de cooperación mutua. Esta perpetuación funcional de la corrupción en el interior de los organismos de seguridad pública, a su vez, dispara la delincuencia porque los policías son los principales responsables de la delincuencia. Y así se recrea un círculo vicioso que es difícil romper.
-- A diferencia de Colombia, ¿Qué factores han hecho florecer el narco en México?
En la explicación del florecimiento de la producción y el tráfico de drogas en México hay que diferenciar entre las condiciones necesarias y las condiciones suficientes. Entre las condiciones necesarias está evidentemente la situación geográfica de la demanda. La demanda de los Estados Unidos es la que estimula la oferta en América Latina; esto -- no por reiterado -- deja de ser menos cierto. Esto es incuestionable tanto en Colombia como en México. Sin embargo, la demanda estadounidense no explica por sí sola la exuberancia del tráfico de drogas en ambos países. Hay países que han conseguido cerrar -- con mayor o menor éxito -- estas ventanas de oportunidad geográficas. Belice, por ejemplo, ha pasado de ser el cuarto exportador de marihuana a los Estados Unidos a no estar prácticamente en la lista sin que sus condiciones geográficas ni la demanda en Estados Unidos hayan cambiado; en el caso de la demanda ha empeorado. India fue en el pasado un gran productor de opio y hoy no lo es. Indonesia fue un gran productor de hojas de coca en el siglo XIX y en la actualidad apenas quedan resquicios de aquello. Colombia ni tan siquiera está colocada en el mejor lugar geográfico para exportar cocaína, ni antes marihuana. La condición suficiente para explicar el florecimiento del comercio de drogas es que hayan existido unos agentes económicos que hayan sido capaces de explotar esas oportunidades de negocio que crea la demanda de droga. En el caso de Colombia, estos agentes fueron los esmeralderos-reconvertidos-en-marihuaneros-reconvertidos-en-cárteles. Con su espíritu empresarial de gran calado, los Ochoa, Escobar, Lehder, Rodríguez Orejuela o Rodríguez Gacha y sus sucesores fueron capaces de crear un emporio industrial de monumentales proporciones -- lo que Marcos Kaplan, de la UNAM, denomina la única multinacional del Tercer Mundo -- en base a esa demanda creciente de los Estados Unidos. Esta iniciativa empresarial se repite en otros lugares, por ejemplo con la producción de marihuana en British Columbia, Canadá. Desde esta perspectiva de agentes externos, los traficantes colombianos han tratado de influir en la esfera pública a través de los mismos mecanismos que utilizan los grandes grupos empresariales -- locales o extranjeros -- en América Latina: la interacción, la corrupción -- ya sea en sus formas más burdas o en forma de aportaciones a las campañas políticas -- y la amenaza. La única diferencia entre los traficantes de drogas y otros empresarios es que han estado dispuestos a ir más allá en la utilización de la violencia -- en muchos casos reactiva -- que lo que ha sido habitual en un país donde históricamente la violencia ha sido un mecanismo recurrente para la resolución de conflictos privados y públicos. Esta estrategia de negociación la han aplicado con todos los agentes colombianos, ya sea la sociedad civil, los paramilitares o la guerrilla. Pero el hecho de que hayan sido capaces de construir relaciones con cada uno de los actores políticos y económicos colombianos muestra su independencia, que se le granjea su poder económico. Por el contrario, en México el vértice crucial de la canalización de la producción y el tráfico de drogas -- la condición suficiente que crea la oferta -- no han sido actores privados sino que ha estado en el interior del aparato estatal. Aunque su control no ha estado exento de conflictos tanto dentro de las propias élites políticas dirigentes como con actores externos a ésta, la historia muestra que quienes ejercen la regulación de todo el mercado de la droga han sido miembros del sector público, ya sea directamente o con la cooperación necesaria de otros agentes exteriores. Pero no es que la regulación del crimen organizado se realice como en otros países, incluidos los desarrollados, de manera involuntaria y tratando de minimizar su aparición pública... de mantenerlos bajo control, en suma. En México este control del tráfico de drogas se ha realizado con el objetivo de maximizar las rentas -- ya sean económicas o políticas -- de los servidores públicos que ejercen su control y, en múltiples ocasiones, de sus protectores políticos. En este contexto, los agentes privados actuando en el mercado lo han hecho con la connivencia de quienes ejercían el control. La mejor prueba de este control burocrático ha sido la incapacidad de los traficantes de drogas mexicanos para la innovación, de la cual se dan algunos ejemplos en el documento.
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Fuente: Aqui
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